Este conflicto surgió porque los anteriores gobiernos al actual prometieron el trasvase de agua del Ebro hacia el este y sureste peninsular. El problema no es de fácil solución por cuanto desde el año 2000 existe en los países de la UE una Directiva que no favorece la política de los trasvases y, en el caso de que se produzcan, los costos deben repercutirse íntegramente en sus usuarios. Esto hace inviable su utilización para la mayor parte de los agricultores y además el impacto ambiental que se produciría sería muy notable. Para que los trasvases puedan tener lugar es preceptivo que primero se constituyan Comunidades de Usuarios tanto de aguas subterráneas, como de superficiales y en el levante y sureste español, tras veinte años de vigencia de la ley de aguas, apenas hay constituidas algunas. Por otro lado, un buen número de las captaciones de aguas subterráneas que explotan incontroladamente los acuíferos o son ilegales o están en la práctica fuera de la gestión de las Confederaciones. El problema está muy lejos de resolverse. Mientras tanto los políticos deberían dejarse informar por los científicos y técnicos y dar a conocer con veracidad la naturaleza y alcance del problema.
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